Cumplimiento con las obligaciones de prevención del lavado de dinero en República Dominicana


Las nuevas obligaciones de cumplimiento aplicadas a las empresas no financieras son estrictas, pero se cuenta con asistencia.

El verano pasado, decenas de miles de personas inundaron las calles de Santo Domingo, en su mayoría vestidos de verde. Las protestas de la Marcha Verde fueron una clara indicación de la intensidad del sentimiento público sobre el historial de corrupción de la República Dominicana, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero la tendencia está cambiando. El cambio está en marcha.

A pesar de ser una economía que está entre las más grandes del Caribe, la República Dominicana (RD) ha tenido problemas para afirmarse en la escena financiera internacional debido a controles reglamentarios deficientes. Una evaluación de 2014 realizada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia indicó que “la corrupción, la presencia de carteles internacionales de tráfico ilícito, una enorme economía informal y una frágil economía formal hacen que la RD sea vulnerable al lavado de dinero y a las amenazas de financiación terrorista”.

Sin embargo, las nuevas regulaciones implementadas en 2017 están cambiando el panorama. La nueva Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo entró en vigor el 1 de junio de 2017, reemplazando la ley contra el lavado de dinero actual y regularizando la RD con la legislación de delitos financieros vigente en muchas naciones desarrolladas. La nueva ley se basa en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI – FATF, por sus siglas en inglés, una organización del G7 establecida para desarrollar una respuesta internacional a la creciente amenaza del lavado de dinero) y, se espera que ayude a mejorar considerablemente el acceso del país al crédito externo y al apoyo de organizaciones internacionales.

La aplicación de la ley ahora está en marcha, con el pleno apoyo del presidente Danilo Medina. En enero de 2018, el presidente Medina instó a los funcionarios del gobierno a trabajar para lograr una evaluación satisfactoria del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina, el cual se encarga de coordinar los esfuerzos contra el lavado de dinero en la región.

La nueva ley introduce una regulación de lavado de dinero y financiación del terrorismo más estricta al mejorar la debida diligencia y transparencia de datos en las transacciones financieras e involucra a un grupo más amplio de profesionales en la lucha contra los delitos financieros del terrorismo. También constituye un número de agencias gubernamentales como las autoridades competentes responsables de la detección y prevención del lavado de dinero.

La ley amplía considerablemente los delitos principales por lavado de dinero, que ahora incluyen evasión de impuestos, falsificación y violación de los derechos de autor. De manera crítica, la nueva ley también amplía los requisitos de prevención del lavado de dinero (PLD) que hasta ahora solo se habían aplicado a las instituciones financieras para pasar a abarcar a un grupo mucho más amplio de profesiones no financieras. Esto incluye:

  • Cooperativas de ahorro y préstamo
  • Empresas de apuestas deportivas y loterías
  • Empresas de factoraje
  • Casas de empeño
  • Comerciantes de vehículos, metales, piedras preciosas y joyería
  • Empresas de construcción
  • Corredores inmobiliarios
  • Abogados, notarios y contables que participen en una amplia gama de actividades a favor de sus clientes, incluyendo transacciones inmobiliarias.

Ahora se espera que estos profesionales cumplan con estándares mucho más altos que los que se han visto en República Dominicana. Todas las entidades sujetas a esta ley están obligadas a presentar y mantener un programa de cumplimiento que incluye políticas y procedimientos detallados para:

  • Evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en su negocio
  • Gestionar y mitigar ese riesgo de manera efectiva
  • Llevar a cabo una debida diligencia detallada sobre sus clientes
  • Supervisar las actividades financieras de sus clientes, e
  • Informar sobre cualquier actividad sospechosa a la unidad de análisis financiero dentro de los cinco días siguientes del incidente.

La debida diligencia de los clientes es uno de los mayores desafíos introducidos por la ley. La nueva ley especifica que la debida diligencia de un cliente significa establecer y verificar su identidad, y si alguien está actuando en nombre de un cliente, su identidad también debe ser verificada, así como su autorización para actuar en nombre del cliente. Si el cliente es una empresa, también se debe identificar al beneficiario final. En todos los casos, este control de clientes y sus actividades deben ser continuos y estar actualizados. Simplemente pedir esta información al cliente no satisfará los requisitos de la ley; deja claro que los datos deben ser verificados por “fuentes confiables e independientes”.

Algunas de las profesiones afectadas por la nueva ley fueron preparadas para su aplicación repentina el verano pasado. Las sanciones por no cumplir con la ley son graves: multas de millones de pesos y, en algunos casos, la cárcel.

Cumplir con los requisitos completos de la ley requerirá una amplia planificación, el establecimiento de políticas y procedimientos claros, así como formación continua del personal; y República Dominicana ya ha tomado algunas medidas para avanzar en estas áreas. En los últimos meses, el gobierno ha consultado a Accuity sobre cómo lograr las mejores prácticas en el cumplimiento de delitos financieros y nuestros expertos han proporcionado una serie de recomendaciones. La buena noticia es que existen excelentes sistemas automatizados disponibles que de manera eficiente y efectiva investigan a clientes, cuentas y transacciones.

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No hay duda de que los nuevos requisitos que enfrentan las empresas financieras y no financieras son estrictos y requerirán esfuerzos para implementarlos de manera efectiva. Sin embargo, la nueva ley marca un paso significativo en la historia de RD. Después de haber trabajado durante mucho tiempo en el asesoramiento a los gobiernos de la zona, estamos seguros de que el gobierno tiene el espíritu correcto para impulsar el desarrollo de un entorno financiero confiable y bien regulado que llevará a República Dominicana, y sus negocios, al escenario internacional.